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El
ministro Ginés González
García, junto con el subsecretario
de programas de prevención, y
promoción, Andrés Leibovich
y el encargado del programa nacional
de SIDA, Daniel Fontana |
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El Ministro de Salud de
la Nación, Ginés González
García, aseguró que Argentina
seguirá llevando adelante todas las
acciones tendientes a continuar bajando los
precios de tratamientos contra el virus del
VIH/SIDA, "trabajando con los países
latinoamericanos en la negociación
de precios con los laboratorios y fundamentalmente
invirtiendo esfuerzos en la fabricación
propia de medicamentos", aludiendo a
los acuerdos iniciados en 2006 con Brasil.
Según González García
estas iniciativas permitirían lograr
una reducción en el gasto de "más
de 100 millones de dólares anuales,
lo que serviría no para ahorrar plata
sino para lograr que más personas accedan
a más y mejores tratamientos".
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El funcionario formuló estas declaraciones
en el marco del "IV Foro de Latinoamérica
y del Caribe 2007 en VIH/SIDA e ITS", un
encuentro internacional organizado por la cartera
sanitaria nacional, al que asistieron más
de 3000 representantes de organizaciones sociales
de todo el continente.
"Con Brasil somos los mayores compradores
mundiales de medicamentos (contra el VIH/SIDA),
porque en nuestros países el Estado cumple
un rol que en otros países no tiene",
dijo el ministro al tiempo que aseguró
que, en la Argentina, "estamos gastando 370
millones de pesos en toda la estrategia de prevención,
promoción y garantía de acceso a
tratamientos y los reactivos, sin incluir los
costos de la atención médica propiamente
dicha".
Durante la rueda de prensa con medios nacionales
e internacionales, González García
calificó como "una extorsión
a la democracia" el fallo del Juez Civil
y Comercial Alejandro Saint Genez, quien dictara
una medida cautelar ante el recurso de amparo
presentado por un laboratorio extranjero prohibiendo
la producción y venta de una medicación
de uso antirretroviral, denominada genéricamente
como "didanozina".
Según González García "este
es un hecho grave que va en contra de la ley"
explicó que "La ley de patentes dice
que debe ser consultada con opinión de
peritos de las partes. Obviamente que siendo comprador
prácticamente único el Ministerio
de Salud, esta es una de las partes, además
del laboratorio incluido. No hemos sido consultados
y produjo una medida cautelar que nos impidió
comprar el medicamento, el 6% de los enfermos
que reciben tratamiento gratuito usan este medicamento,
con lo cual involucra a más de 1.800 personas.
Entonces hoy no tenemos el medicamento. Las compras
de persistir esta actitud tienen que ser hechas
al monopolio de la empresa que ha usado un artilugio.
De manera tal que eso les va a costar a los argentinos
2 millones y medio de pesos por año. Acá
se están defendiendo los derechos de un
laboratorio y no los derechos del resto que son
los más débiles".
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