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Entrevista. Luis Scervino. Director del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social
“Necesitamos una política seria de priorización de recursos”
El ex Superintendente de Servicios de Salud y actual director de la Obra Social de Obras Sanitarias analiza el escenario por el que atraviesa hoy la seguridad social, explica el alcance del decreto que desregula la actividad y plantea escenarios posibles para encontrar soluciones a la crisis del sistema de salud.
 
 
¿Cómo analiza el escenario de la seguridad social y de las empresas de medicina privada?
La situación que atraviesa la salud de la Argentina es crítica teniendo en cuenta el siguiente escenario: hoy casi el 70 por ciento de la población depende del modelo de la seguridad social, modelo de atención médica organizado en base al trabajo formal dividido en 15 millones en las obras sociales nacionales, siete en obras sociales provinciales, cinco millones en el PAMI y un millón más en otras obras sociales como de universidades, poder legislativo, etc.
Todas -aún sin estar en su totalidad bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud- comparten el mismo mecanismo de financiamiento: un porcentaje que pone el trabajador, y otro el empleador. En la medida que fue pasando el tiempo, sobre todo en los últimos diez años, el poder adquisitivo del salario cayó abruptamente y el costo de la atención médica en todos los perfiles -desde recursos humanos hasta insumos e infraestructura- creció en forma geométrica y generó una brecha muy grande, hoy a niveles críticos.
¿Cuál es la fórmula para revertir esa crisis?, ¿alcanza con incrementar los salarios de los trabajadores?
El problema hay que abordarlo desde varias aristas para empezar a resolverlo. Obviamente el tema de fondo es rescatar el poder adquisitivo que tuvo el salario en otro momento. Por otro lado, podemos admitir que no hay plata, pero entonces no podemos seguir dando el mismo nivel de prestaciones que se daban en otro momento histórico.
Entonces se hace fundamental tener un gasto que sea total y absolutamente eficiente, generando políticas de priorización para que la gente acceda cuando no puede esperar y tener una lista de espera para otras patologías, a fin de no ahogar financieramente a todo el sector. Este modelo lo tienen países desarrollados con un PBI cinco veces mayor al nuestro, como Inglaterra y Canadá y algunos otros países, donde la lista de espera funciona para no asfixiar al sistema.
La desregulación de las obras sociales, ¿tiende a ordenar esta crisis a la que se está refiriendo?
A partir de los decretos que emitió el Gobierno se generó un revuelo que tendría que decirte que es una gran cortina de humo.
Los medios de comunicación agarran los decretos y no se toman mucho trabajo para estudiar el tema, con lo cual salen inmediatamente a decir cosas como: “ahora la gente puede elegir la obra social que quiere y puede elegir en vez de una obra social un prepago”; cosas que son total y absolutamente inexactas. Y como dice un refrán, no hay peor mentira que una verdad a medias.
La regulación existe desde la década del ´90, fue un decreto confeccionado durante el gobierno de Menem y de alguna manera constituyó, desde el punto de vista político, una presión de organismos internacionales como el Banco Mundial, que como contrapartida iba a dar créditos para reestructurar el sistema de obras sociales, pero exigía que hubiera libertad de elección y se perdiera la cautividad.
Eso mismo se mantiene hasta la fecha y la prueba palmaria de que eso es así, son los cinco millones de personas que se pasaron de la seguridad social a la medicina privada.
Hagamos un repaso de cómo fue ese mecanismo y cuáles fueron sus consecuencias…
Fue a través de lo que conocemos como triangulación. Un grupo de obras sociales hacen convenios con prepagos y le transfieren aportes, entonces la contribución del afiliado termina llegando a las empresas de medicina prepaga.
Este mecanismo no fue inocuo porque indudablemente cuando comenzó, la medicina prepaga ya tenía mucha experiencia en analizar lo que llamamos la carga de enfermedad de las poblaciones. Tenía estudios bastante desarrollados y sabía que obviamente el perfil que le convenía captar era gente joven con baja carga de enfermedad, salarios más elevados y poca carga familiar.
Eso fue lo que se conoce vulgarmente como el famoso de descreme. Desde el Instituto analizamos el promedio de sueldos que tenía la gente que se pasó durante los primeros años, sobre todo, a las empresas de medicina prepaga: sueldos muy por encima de la media del sistema de obras sociales. Y esa es una prueba de que el descreme existió.
Entonces, ¿la desregulación de las Obras Sociales los afecta a los afiliados de manera alguna?
A los afiliados esto ni los afecta ni los deja de afectar; estos decretos no mueven la aguja. Un solo punto es el que cambia y es el siguiente: el decreto original de la década del ´90 decía que se podía optar por una obra social apenas comenzaba la actividad laboral. Eso luego cambió y se estableció que la persona que empezaba a trabajar tenía que permanecer un año. Los decretos actuales vuelven a la lectura original donde las personas desde que comienza su relación laboral pueden optar por otra obra social que no sea la de su actividad. Ese es el único cambio.
¿Qué pasa con la opción entre una obra social y una prepaga?
Para que eso ocurra son necesarias dos condiciones esenciales: la primera es que los prepagos que quieran optar por ser agentes de seguro y recibir aportes en forma directa, tienen que inscribirse en forma voluntaria. En segundo término, hace falta un marco sobre qué derechos y obligaciones tienen los prepagos. Porque las obras sociales reciben a todos los afiliados “a tranquera cerrada”, sin importar la conformación del grupo familiar ni las carencias. Yo me pregunto, con más de treinta años de experiencia en el sector, ¿los prepagos también van a permitir esto?
La respuesta es muy clara: no van a someterse a que ingrese una cantidad de personas que puedan alterar sus carteras.
Tenemos que tener una normativa, y no está en el decreto especificado qué tiene que cubrir. Hoy las empresas privadas tienen la posibilidad de hacer firmar una declaración jurada sobre preexistencias, adaptar las cuotas, algo que no existe en el concepto de la seguridad social.
Me gustaría saber desde el punto de vista del usuario qué me va a cubrir y si me va a cobrar una cuota diferencial si soy diabético, por ejemplo.
Las obras sociales son un sistema solidario, más allá de los nichos de ineficiencia que puedan tener. Hace más de 50 años que dan prestaciones y en las encuestas que se han hecho a lo largo del tiempo, el nivel de satisfacción de los usuarios es alto, y más aún si se lo compara con el nivel de cuota con el que acceden.
La inversión en salud a lo largo de los años ha sido poca y eso también hay que ponerlo en consideración.
Esta transferencia de recursos generó una caída importante del promedio de ingresos al sistema de obras sociales, cosa que también ocurrió con la incorporación por parte del Estado de dos millones de personas que son monotributistas.
El sistema de Obra Social está pensado para gente que tiene trabajo formal y los monotributistas no tienen un trabajo formal, por lo tanto se lo transformó en un mecanismo muy poderoso de lo que llamamos selección adversa.
¿Eso qué significa?
Al no ser obligatorio que el monotributista incorpore a la mujer con los hijos, es claro que los va a sumar cuando tengan alguna enfermedad o cuando haya un embarazo. Entonces la seguridad social absorbe todos esos gastos, que es otro de los orígenes de la crisis del financiamiento. Además tenemos toda una franja de monotributistas sociales que debería asumir el Estado y manejarlos en el sector público. Hoy se lo carga a las 15 millones de personas de la seguridad social nacionales, entonces los trabajadores formales salen a financiar a un sector probablemente más pobre.
Otro tema no menor es el PAMI, que paga a la seguridad social para dar atención a cerca de 450 mil jubilados por una cifra exigua que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el PAMI recauda. Lo lógico sería que se distribuya prácticamente el mismo ingreso por estas personas. Ahí hay otra de las causas por las cuales no alcanzan los recursos de la seguridad social.
¿Qué pasa hoy con el PMO y cómo impacta en el presupuesto de la seguridad social?
El Programa Médico Obligatorio se creó también en la década del 90 y en su momento fue novedoso, pero hoy se ha desdibujado por completo. Tenemos que borrarlo y confeccionar lo que nosotros llamamos una canasta de servicios explícita, donde quede claro -y explícito- cuál es la obligación de cobertura tanto de las obras sociales, como de los prepagos. La consecuencia de haberse desdibujado el Programa Médico Obligatorio fue secundaria a la judicialización. Al ser un piso de prestaciones obligatorias, abrió las puertas para que cualquiera pudiera pedir cualquier cosa que no estuviera en el PMO.
Esto impide desarrollar seriamente cualquier evaluación económica y financiera a mediano y largo plazo sobre qué es lo que vamos a tener que consumir en salud para nuestra población en los próximos años.
Y otro de los grandes temas que estamos hablando de los factores de desequilibrio tiene que ver con el crecimiento de la atención de la discapacidad, que con el tiempo se hizo cada vez más flexible. Casi el 50% de lo que se abona en discapacidad tiene que ver con transporte y educación, que debería ser financiado por las carteras del Estado correspondientes.
Cuando decimos que el garante de la salud es el Estado que transfiere esa responsabilidad tanto obras sociales como a prepagos, esa transferencia no significa que se desentienda. Hay que reconformar el sistema.
Se dice que el Estado está cansado de darle plata a las obras sociales y eso es de una gran ignorancia, porque el Estado nunca puso un peso en la Seguridad Social. Cuando se habla de la “caja” se ignora que, para brindar servicios, de la cuota sindical se están poniendo infinidad de recursos para que las obras sociales sigan funcionando.
Retomando el decreto que establece la desregulación de las obras sociales. ¿Qué implicancia directa tiene para el subsistema?
Yo sostengo que hay dos principios que hay que proteger: el principio de la libertad de elección y el principio de la solidaridad. Hay cinco millones de personas que eligen tener cobertura privada y está muy bien; pero no nos parece correcto que esto produzca daños en la solidaridad.
La alícuota de lo que aporta la persona que tiene obra social y elige una medicina prepaga, no está alcanzada ni por el IVA ni por un porcentaje para el Fondo Solidario de Redistribución. En un momento se estableció que el 15 por ciento de ese aporte fuera el FSR, pero nunca se pagó, como dice la Ley.
Hoy el decreto lo lleva al 20 por ciento y no es un invento, es algo que ya estaba establecido, tiene que tributar al Fondo, pero hasta ahora nadie lo respetó.
No es original de este gobierno tampoco, porque en 2020 negociamos que se incluyera en la Ley de Presupuesto un artículo para que se pagara el 15 por ciento, pero misteriosamente este artículo desapareció del proyecto.
¿Qué escenario ve a corto plazo?
Creo que hay que negociar cuando aparezca algún interlocutor para poder hacerlo - y estoy hablando de la Superintendencia de Servicios de Salud-, para escuchar lo que piensa el sector desde el punto de vista técnico. Estas medidas que sacaron no mueven la aguja en absoluto, cuando sí tenemos medidas que incluso, sin dinero, podrían poner un poco de orden, como tener una canasta de servicios explícita de emergencia.
Si no vamos en el sentido de una política seria de priorización de las necesidades en un contexto de escasez de recursos, no vamos por el buen camino.
 
 
Por María José Ralli