Entrevista a Héctor Sainz, presidente de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires “Desarmar los sistemas previsionales y profesionales no mejora la atención médica ni fortalece la previsión. Al contrario, los debilita” Un dictamen impulsado por el diputado José Luis Espert propone avanzar hacia un sistema previsional único a nivel nacional, lo que implicaría absorber a las cajas jubilatorias provinciales y profesionales. El proyecto plantea la creación de una comisión bicameral encargada de redefinir el modelo actual de seguridad social, con el objetivo declarado de eliminar “asimetrías” entre los regímenes locales y el nacional.     Desde distintos sectores se advierte que la recentralización previsional no solo pondría en riesgo derechos adquiridos y beneficios históricos, sino que también vulneraría facultades exclusivas de las provincias consagradas en la Constitución Nacional. En ese contexto, Héctor Sainz, presidente de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires, advierte sobre las graves consecuencias que implicaría la disolución del sistema de cajas, denuncia una avanzada contra el federalismo y describe cómo se están organizando las entidades profesionales para resistir este intento de desmantelamiento.   ¿Qué implicancias tendría para una caja como la de Médicos de la provincia de Buenos Aires quedar bajo un sistema previsional nacional único? Para cualquier caja descentralizada, que está sustituyendo al sistema nacional, quedar bajo la órbita de un sistema único nacional significaría hacer desaparecer todo el sistema de cajas, tanto provinciales como profesionales. Esto traería un perjuicio concreto a todos los afiliados que hoy están aportando a dos cajas —la nacional y la profesional— porque evidentemente se les eliminaría una de las jubilaciones. El sistema nacional implica un único beneficio, y un sistema centralizado significa un único haber que, por supuesto, será inferior a la suma de los dos beneficios que hoy tienen en las provincias. Además, sería quedarse con el dinero que los profesionales han aportado durante toda su vida laboral. Y lo más grave: sería absolutamente inconstitucional. Las provincias, al constituir la Nación Argentina, se reservaron para sí facultades esenciales, como la de legislar en materia de educación, salud y previsión. No delegaron esas competencias en la Nación. Por eso, legislar sobre previsión social —ya sea para empleados públicos o para profesionales— es facultad exclusiva de las provincias. Esto no puede ser tocado por una ley nacional. Es una cuestión estructural del federalismo argentino.   ¿Qué consecuencias concretas tendría la imposición de un modelo uniforme que no respete las características de las cajas profesionales? La consecuencia inmediata sería la pérdida de beneficios, de derechos adquiridos y un daño económico muy importante para miles de profesionales. Es un modelo que desconoce la diversidad de realidades y la historia de nuestras cajas. No olvidemos que el sistema previsional profesional tiene más de ochenta años: la primera Caja profesional fue la de escribanos de la provincia de Buenos Aires, creada en 1943. Retroceder a un modelo uniforme, nacionalizado, implica desconocer toda esa trayectoria.   ¿Existe un riesgo real de que los médicos jubilados pierdan derechos si avanza este tipo de reforma? Sí, existe un riesgo real, muy concreto, de pérdida de derechos adquiridos si el gobierno nacional avanza con estas políticas y las provincias no se oponen firmemente. De hecho, el gobierno ya ha dejado de realizar transferencias a algunas provincias como forma de presión. La estrategia no es forzar el traspaso directamente, sino inducir a las provincias a entregar esas facultades. Por eso es clave que los gobiernos provinciales se planten y defiendan sus sistemas. Hay provincias que han conformado foros de seguridad social, especialmente aquellas que tienen una Secretaría o Instituto Provincial de Seguridad Social, como el IPS en la provincia de Buenos Aires. Hay resistencia organizada, pero aún falta contundencia política.   ¿Considera que este tipo de reformas se inscribe en un modelo de recentralización que avanza sobre las autonomías provinciales y profesionales? Sin ninguna duda. Lo que se plantea en nombre de la libertad, bajo el discurso de que cada uno pueda hacer lo que quiera, es en realidad una avanzada sobre las autonomías provinciales. Se está instalando una lógica centralista, que no solo vulnera derechos previsionales sino también institucionales. Estamos lejos aún de que se imponga por completo, pero ya se nota que el gobierno quiere avanzar sobre estos sistemas con un relato que oculta sus verdaderas intenciones.   ¿Qué rol deberían tener las provincias y las cajas en la defensa del federalismo previsional? Deben tener un rol mucho más activo. Necesitamos provincias que respalden a sus profesionales y a sus propios sistemas, que adviertan a la sociedad sobre las consecuencias de caer en un sistema nacional que paga jubilaciones más bajas y que desconoce las especificidades de las profesiones. Y ni hablar de lo que significa eliminar las cajas profesionales: sería una mutilación institucional.   ¿Qué lectura hace del entorno político e institucional frente a esta avanzada? ¿Es posible resistirla? Creo que sí. Las cajas estamos articulando estrategias conjuntas. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en coordinación con otras once cajas dentro de una coordinadora provincial, y a nivel nacional estamos en contacto con las más de ochenta cajas profesionales que existen en la Argentina. El nivel de organización es alto, pero necesitamos apoyo político y social.   ¿Están trabajando en estrategias comunes con otras entidades? Sí, por supuesto. Nos estamos articulando con todas las cajas del país. Lo fundamental para la Caja de Médicos hoy es elevar el nivel de nuestras jubilaciones, y para eso estamos impulsando una reforma estructural: incorporar el aporte de terceros. Me refiero a los actores que se benefician directamente del trabajo del médico: obras sociales, prepagas, la industria farmacéutica, los proveedores de insumos médicos. Todos ellos deberían aportar como lo haría cualquier patronal, porque en los hechos son los verdaderos empleadores del profesional médico en el esquema actual. Como han dicho varias doctrinas de la seguridad social, quienes se benefician de la lapicera del profesional deberían aportar a su sistema previsional. Hoy, son ellos quienes recaudan el dinero de la comunidad y pagan las prestaciones. Por eso, no pueden desentenderse de la sustentabilidad del sistema.   ¿Qué efectos tendría una eventual implementación de la matrícula única nacional? Sería otro gran perjuicio, incluso más allá de lo previsional. Afecta directamente el ejercicio profesional. ¿Quién controlaría que un médico esté realmente habilitado? ¿Quién fiscalizaría la ética, la idoneidad, las condiciones reales para ejercer? Donde no hay control en la matriculación, proliferan los médicos truchos. Esa es una realidad. Además, ¿quién se encargaría del seguro de mala praxis, de los registros, de las sanciones disciplinarias? Hoy todo eso lo hacen los colegios profesionales, que también están vinculados con la afiliación obligatoria y el aporte previsional. Desarmar este entramado solo puede traer más precariedad, no mejores servicios ni más derechos.   ¿Cuál es su conclusión frente a este escenario? Desarmar los sistemas previsionales y profesionales no mejora la atención médica ni fortalece la previsión. Al contrario, los debilita. El sistema actual tiene problemas, claro, pero la solución no es el vaciamiento institucional ni la recentralización. Hay que avanzar hacia un esquema más justo, con más aportantes y más control, pero sin destruir lo que ya funciona y ha sido sostenido con el esfuerzo de generaciones de profesionales.     Por María José Ralli