PROMESA: nueva instancia de mediación para resolver conflictos en salud Con la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), el Gobierno nacional busca ofrecer una alternativa a la vía judicial en reclamos vinculados al acceso a prestaciones médicas.     La medida fue establecida por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 379/2025, publicado el 4 de junio, y propone una instancia de mediación previa para conflictos entre pacientes y financiadores del sistema, como obras sociales o empresas de medicina prepaga. Según el texto del decreto, el Poder Judicial se encuentra “profundamente afectado por el volumen de litigios” en salud, con más de 10.000 demandas registradas durante 2024. PROMESA se presenta como un mecanismo “ágil, gratuito y especializado”, cuyo objetivo es evitar demoras judiciales y garantizar respuestas más rápidas, en un contexto en el que muchas veces están en juego derechos fundamentales. Desde el Gobierno aseguran que el nuevo procedimiento permitirá canalizar reclamos sin necesidad de llegar a juicio, aunque se aclara que podrá omitirse en casos de urgencia o riesgo para la vida del paciente. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud serán los responsables de implementar el sistema, capacitar a los mediadores -que deberán acreditar formación específica en salud- y supervisar su funcionamiento. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la iniciativa. Natalia Messina, directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (CETSAI) de la Universidad ISALUD y del Instituto de Derecho a la Salud, analizó el alcance de PROMESA. “Lo primero que tenemos que tener claro es que este no es un decreto que establezca una mediación prejudicial obligatoria. No es una instancia previa obligatoria a la judicialización de conflictos en salud. De hecho, el texto del decreto lo dice claramente: es optativa, voluntaria”, precisó. Y agregó: “Incluso invita a las provincias a adherir. Es decir, se va a desarrollar dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, con mediadores que, se supone, van a ser abogados formados en la materia. Y sabemos que el derecho sanitario tiene sus complejidades, sus particularidades. No es menor que un mediador, además de ser abogado, tenga formación específica en salud”. Para Messina, si bien resta conocer detalles de la implementación, la medida puede contribuir a descomprimir el sistema judicial. “Ojalá funcione como se plantea, porque lo que permitiría es que lleguen a la justicia solo aquellas cuestiones que son realmente urgentes, que no pueden esperar, en función de las necesidades de los pacientes. Y que, en el camino, se puedan resolver casos menores, que hoy dilatan procesos y congestionan el sistema judicial”, sostuvo. La especialista también se refirió a las cifras citadas por el decreto: “El decreto cita algunos números que me gustaría ver actualizados, pero lo cierto es que los informes de la Superintendencia de Servicios de Salud -que se empezaron a nutrir hace pocos años con datos de las empresas de medicina prepaga, aunque no todas cargan información- muestran que la mayoría de los casos judiciales tienen que ver con temas de asignación. Hay prestaciones básicas que no se están dando, situaciones de afiliación que no se resuelven, tratamientos crónicos que se demoran”. En este sentido, Messina subrayó que una herramienta como PROMESA puede ser clave para garantizar el acceso a esos derechos sin tener que pasar por un proceso judicial: “Si el paciente elige esta vía y no funciona, o no es lo suficientemente ágil, seguramente volverá a la justicia. Pero si funciona como promete, puede ser una herramienta muy útil para descomprimir el sistema judicial y mejorar el acceso real a los derechos”. Asimismo, alertó sobre la saturación actual del sistema de justicia: “Hay muchos casos que hoy están judicializados y que no deberían estarlo. Y eso hace que los jueces estén desbordados, incluso en expedientes donde sí se necesita una mirada técnica más compleja. Hoy conviven en igualdad de atención con cientos de causas menores que podrían resolverse antes”. Finalmente, destacó el posible impacto de PROMESA en términos de acceso: “Si esto se pone en marcha pronto, si en 60 días efectivamente está funcionando y se empieza a formar a los mediadores en el corto plazo, creo que podría tener buenos resultados en términos cuantitativos”. PROMESA entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Su eficacia dependerá, en gran medida, de la reglamentación y la implementación efectiva del procedimiento, así como de la capacitación adecuada de los profesionales que lo llevarán adelante.