Judicialización de la salud: un debate sobre financiamiento, evidencia médica y sustentabilidad del sistema Un conversatorio académico realizado en Mendoza reunió a distintos sectores vinculados con el sistema sanitario para analizar el crecimiento de los amparos, las dificultades de financiamiento y la falta de criterios técnicos comunes. Entre las conclusiones, se planteó la necesidad de actualizar el PMO, avanzar en la evaluación de tecnologías sanitarias y establecer mecanismos que contemplen tanto los derechos de los pacientes como las condiciones de sostenibilidad de los prestadores y financiadores.     La creciente judicialización de los reclamos por prestaciones médicas, el desfasaje entre los costos sanitarios y los recursos disponibles y las dificultades para establecer criterios homogéneos de cobertura fueron los principales ejes de un conversatorio académico realizado en Mendoza, organizado por la Fundación de Estudios para la Salud (FESAL). El encuentro permitió abordar la crisis de sostenibilidad del sistema sanitario desde distintas perspectivas y puso en discusión el impacto que las decisiones judiciales tienen sobre los financiadores, las instituciones prestadoras y los profesionales de la salud. Uno de los consensos centrales fue la necesidad de construir herramientas técnicas y espacios de articulación que permitan reducir la conflictividad y evitar que los tribunales se conviertan en la instancia habitual de resolución de las demandas asistenciales.     Costos, recursos y honorarios profesionales Uno de los principales diagnósticos estuvo relacionado con la brecha entre el incremento de los costos médicos y la evolución de los recursos destinados a financiar la atención. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios formales, la reducción de los ingresos reales de los esquemas de cobertura y el estancamiento del empleo registrado afectan directamente la recaudación de la seguridad social y su capacidad de respuesta. En este escenario, se señaló la ausencia de un indicador que refleje adecuadamente la estructura de costos del sistema sanitario. Además, se advirtió sobre los índices generales de precios que no alcanzan a representar la evolución de los gastos de las instituciones, particularmente por la incidencia de los medicamentos y las tecnologías de alto precio, que pueden representar entre el 35% y el 50% del presupuesto prestacional. Esta distorsión repercute sobre toda la cadena asistencial. Cuando las actualizaciones de aranceles y prestaciones no acompañan los costos reales, se compromete la capacidad operativa de los establecimientos y se deterioran las condiciones económicas del trabajo médico. En particular, se abordó la precarización de los honorarios profesionales y el impacto que esto tiene en la atención primaria y la insuficiente remuneración de las consultas que desalienta la atención por los canales formales y favorece la aparición de copagos que no siempre quedan registrados. Para el sector médico, esta problemática plantea la necesidad de discutir mecanismos de actualización de los valores prestacionales que contemplen los costos efectivos de la actividad y permitan sostener condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.     Judicialización y falta de criterios técnicos homogéneos Otro de los temas centrales fue el crecimiento de los amparos por cobertura de salud. Las cifras presentadas durante el encuentro mostraron que las causas en el fuero civil y comercial federal de la Capital Federal pasaron de 2.000 expedientes en 2015 a más de 8.000 en 2023. En este sentido, se destacó que una proporción de estos reclamos se resuelve mediante medidas cautelares, muchas veces en plazos muy breves y sin contar con toda la información clínica y científica necesaria para evaluar la prestación solicitada. En ese marco, se debatió el alcance de las indicaciones del médico tratante y la necesidad de que las decisiones sobre coberturas incorporen evidencia científica, antecedentes clínicos, alternativas terapéuticas disponibles y evaluaciones sobre la efectividad de los tratamientos. El planteo no desconoce el valor de la relación médico-paciente ni la importancia de garantizar el acceso oportuno a las prestaciones y apunta a que las indicaciones y las decisiones de cobertura cuenten con fundamentos técnicos suficientes, especialmente cuando involucran tecnologías de alto costo o tratamientos de beneficio clínico discutible. También se señalaron diferencias entre jurisdicciones en cuanto a la disponibilidad de cuerpos periciales y consultas técnicas, una situación que puede derivar en resoluciones dispares ante situaciones clínicas similares.     Medicamentos de alto costo y prestaciones por discapacidad Los medicamentos de alto precio y las prestaciones vinculadas con discapacidad fueron identificados como dos de los principales factores de presión sobre los presupuestos de las coberturas. En el primer caso, se planteó la dificultad de responder a tratamientos que pueden representar millones de dólares anuales por paciente, sin contar con mecanismos institucionales que permitan evaluar de manera sistemática su efectividad, costo-beneficio y oportunidad de financiamiento. La discusión puso de relieve la necesidad de considerar el impacto de estas decisiones sobre el conjunto de los afiliados y sobre la capacidad de las entidades para sostener el resto de las prestaciones.     Las deudas pendientes Entre los principales puntos críticos se identificaron cuatro cuestiones institucionales: ● Evaluación de tecnologías sanitarias: se planteó la necesidad de avanzar en la creación de una agencia nacional con respaldo legal, capaz de producir evaluaciones independientes sobre efectividad, seguridad y costo-efectividad de medicamentos y tecnologías. ● Actualización del Programa Médico Obligatorio: se señaló que el PMO requiere revisiones periódicas y la incorporación de protocolos de buenas prácticas basados en evidencia científica. ● Financiamiento de nuevas obligaciones: se cuestionó la sanción de normas que amplían las coberturas sin establecer partidas presupuestarias ni fuentes genuinas de financiamiento. ● Información pública: se advirtió sobre la falta de estadísticas actualizadas y sistemáticas que permitan conocer la magnitud de la judicialización y sus efectos sobre el funcionamiento del sistema. Asimismo, se destacó la responsabilidad indelegable del Estado como garante del derecho a la salud y la necesidad de evitar que las obligaciones de financiamiento recaigan exclusivamente sobre los agentes de la seguridad social y los prestadores.     Agenda de trabajo común Como resultado del intercambio, se delinearon distintas líneas de acción orientadas a mejorar los procesos de decisión y reducir la conflictividad judicial: ● Desarrollar un nomenclador jurisprudencial: una plataforma que reúna antecedentes judiciales, evaluaciones científicas e informes periciales para aportar criterios técnicos de consulta a los magistrados. ● Fortalecer los requisitos probatorios: promover que las medidas cautelares cuenten con historia clínica completa, antecedentes terapéuticos y fundamentos científicos que justifiquen la urgencia de la prestación. ● Implementar instancias de mediación sanitaria: generar mecanismos prejudiciales que permitan resolver controversias sin recurrir necesariamente a procesos judiciales. ● Crear un fondo para enfermedades catastróficas y tratamientos de alto precio: establecer un mecanismo específico de financiamiento que distribuya los riesgos y evite que prestaciones de costos extraordinarios comprometan los presupuestos de entidades de menor escala. El encuentro concluyó con la propuesta de formalizar una mesa de diálogo permanente y trasladar los consensos alcanzados a los ámbitos responsables del diseño de políticas públicas.